El pleno del Congreso español admitió a trámite, el pasado 25 de febrero, una proposición de ley del partido de izquierdas Sumar que pide otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración española.

La iniciativa, de la que podrían beneficiarse entre 180.000 y 200.000 personas, según cálculos de Sumar, salió adelante gracias a los votos de todos los grupos, a excepción del ultraderechista Vox, que se abstuvo, y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna España con Sumar y que votó en contra.

El Sáhara Occidental es una región del norte de África que estuvo bajo administración española hasta que en 1976 fue ocupada por Marruecos, aunque la soberanía marroquí nunca ha sido reconocida por Naciones Unidas.

La diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiados del Sáhara, defendió la proposición de ley como un ejercicio de memoria restaurativa y denunció el «limbo legal» de los saharauis.

En referencia a los diputados socialistas, en intervención en el Congreso de los diputados, representando a la formación política Sumar, preguntó al partido socialista, qué les han hecho los saharauis para que les «intenten borrar de la memoria democrática de este país».

El diputado del PSOE Sergio Gutiérrez señaló que es un debate «complejo y sensible» y reconoció el «agravio comparativo» que sufren los saharauis para acceder a la nacionalidad española respecto a otros procesos similares, como el de Guinea Ecuatorial, provincia española hasta 1968, pero no aportó solución alguna al respecto. Todo se quedó en un mero lamento.

«No estamos de acuerdo en que el proceso general sea el proceso de carta por naturaleza, pero también se nos presentan varias dudas al otorgar a organizaciones privadas la capacidad de certificar de manera automática esos certificados que otorgarían (…) la nacionalidad española», dijo en alusión al Frente Polisario, movimiento que lucha por la independencia del Sáhara Occidental»

Aunque «a sensu» contrario, legitima la ocupación del Sáhara Occidental, por, y al negar la legitimidad del Frente Polisario, representada por ser una entidad privada, obviando otros apoyos estatales de que goza esta entidad, que según el diputado socialista, representa intereses privados, la ocupación marroquí, si debe ser legitimada y tenida en cuenta, al ser el estado de Marruecos, un sujeto de derecho público, y sus invasores y ejército, representantes de un ente de derecho público. En fin, una reducción al absurdo, del derecho internacional público, no al caso concreto, sino en su versión literal más amplia.

La proposición de ley de Sumar plantea varias vías para acreditar esta condición, entre ellas la presentación de un DNI español aunque esté caducado, un certificado de inscripción en el censo español de 1974 o un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf o Smara (Argelia) y legalizado por el Frente Polisario en España.

La iniciativa de Sumar plantea también la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los saharauis nacidos antes de 1976 y da un plazo de cinco años desde que lo consigan sus progenitores.

En general, los grupos que apoyaron la toma en consideración de la iniciativa, incluido el partido conservador PP, defendieron otorgar la nacionalidad a los saharauis por una cuestión de justicia histórica y criticaron el «giro» oportunista del Gobierno respecto al Sáhara, así como su vinculación con Marruecos