La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechaza la cesión de competencias de gestión propias de la Agencia Tributaria Estatal a las comunidades autónomas con mayor vocación de autogobierno que contempla el nuevo modelo de financiación que presentó el Ministerio de Hacienda, el pasado 29 de enero de 2026. 

Desde la asociación advierten de que este extremo supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal, un aspecto que, en opinión de los inspectores, la ministra «evita abordar porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria», señalan. 

Aunque ese coste no ha sido calculado ni mencionado por parte de Hacienda, desde la asociación de inspectores de hacienda, también sin un cálculo y estudio en profundidad, consideran que sería «inasumible» por parte de los ciudadanos españoles, impediría garantizar servicios esenciales de la AEAT —como las campañas del IRPF— y debilitaría gravemente la lucha contra el fraude fiscal, ampliando su brecha y obligando, en última instancia, al Estado a asumir un gasto adicional que solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos.

El Ejecutivo ha propuesto establecer un modelo en red del sistema impositivo entre la Hacienda estatal y las agencias tributarias autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal. Los gobiernos autonómicos que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio deberá comunicar su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años.

El sistema permitirá a las autonomías disponer de 20.795 millones de euros más en 2027, el ejercicio en el que el Gobierno pretende que entre en vigor si logra recabar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. El Estado dotará a las autonomías de más recursos por varias vías. La más llamativa es que eleva el porcentaje de cesión del IRPF del actual 50% al 55% e incrementa también el del IVA del 50 al 56,5%.